jueves, 17 de marzo de 2011

Los aeropuertos de Damocles o la espada de Canarias

Salón aeropuerto de La Gomera
Cada día que pasa sin que se cierre el anuncio de huelga en los aeropuertos españoles es un suma y sigue de posibles turistas que eligen otros destinos fuera de España -y sobre todo, de Canarias- para sus vacaciones de Semana Santa. Esto, por mucho que lo niegue el ministro del ramo, José Blanco, y otros cargos públicos de su partido, es una realidad constatable y no un dogma de fé. Pero bueno, los políticos están ahí para decir lo que quieran decir y nosotros para valorar si nos han mentido o no.
Lo cierto es que en España somos muy generosos a la hora de crear empresas públicas para garantizar unos servicios de calidad y luego venderlas para que otros se enriquezcan: Telefónica, Endesa... Y, ahora, AENA.
De ahí que los trabajadores de AENA tengan razón al criticar que un ente rentable pase a manos de empresas privadas cuya finalidad es la rentabilidad económica y no la mejora de un servicio fundamental en el mundo en que vivimos y, sobre todo, para los territorios insulares, como es el caso de Canarias.
También tienen razón los trabajadores al reclamar que se garanticen sus puestos de trabajo, los del personal eventual y cualquier otro logro conseguido (sin pasarse, que esa es una de las causas de la mala imagen que tienen la mayoría de los empleados públicos en este país).
Asimismo, les asiste el derecho a la huelga, al igual que otros muchos derechos que no se les puede negar.
Dicho esto, también deberían tener en cuenta que no son un cuerpo aislado del conjunto de un sistema productivo del que depende la economía del país. Desde el transporte de mercancías y personas, a todos los agentes que giran en torno a ese tráfico llámese turismo, negocios, viajes de trabajo o para acudir al especialista o al tratamiento que no se puede recibir en el territorio de residencia. La mayoría de las empresas que giran en torno a este sector padecen muy duramente la crisis que se ha instalado en nuestro país, que no sólo de ladrillo vive la economía española (o vivió). Sobre todo, después de la dramática situación vivida el pasado mes de diciembre con la huelga de controladores aéreos que supuso el bloqueo de millares de personas.
Con aquel antecedente, los trabajadores de AENA han demostrado su sentido social, su solidaridad con los que padecerían el impacto de su convocatoria de huelga: los pasajeros y las empresas que dependen de que ese tráfico de personas y mercancías no se vea alterado y, sobre todo, con los que no tienen otra posibilidad (llámese guaguas o trenes) para desplazarse con rapidez por el mundo.
Planteada así la cuestión, el preacuerdo alcanzado entre los representantes sindicales y la representación de la empresa AENA habrá de ser ratificado el próximo jueves, 24 de marzo, con lo que continuará sangrando la economía turística de las Islas en la incertidumbre de si se va a apoyar o no el acuerdo en todos los aeropuertos y por la mayoría de los trabajadores.
Pero, a quién le importa un señor que tiene una agencia de viajes, en la que ya sólo trabaja él porque el volumen de ventas se ha reducido en los últimos cinco años más del 65%, que la comisión por venta se la han reducido hasta niveles de rentabilidad cero... Repito ¿a quién le importa si tiene que cerrar su negocio y dedicarse a los lunes al sol, posiblemente sin prestación por desempleo al ser ex autónomo? ¿A quién le importa que Canarias siga engordando su cifra de paro, con el porcentaje de desempleo más elevado de España? Parece que no le importa a nadie, ni a la empresa ni a los trabajadores que usan las fechas vitales para el sector turístico canario como arma para la negociación.
Dicho esto, quisiera comentar también uno de los temas que se negocian: "El documento establece que el nuevo modelo de gestión aeroportuaria garantiza la viabilidad económico-financiera de la red de aeropuertos, ya que los cánones que AENA Aeropuertos obtenga de los aeropuertos concesionados, así como los ingresos que reciba de las sociedades filiales, serán utilizados para el funcionamiento de la red". Quiere esto decir que de los cuarenta y tantos aeropuertos (dos de ellos son helipuertos) que hay en el país, no se va a cerrar ninguno. Olvidándose que más de uno se construyó por caprichos políticos para 'elevar la categoría' de determinados lugares, sin un plan de negocio o una necesidad real que lo justificara.
De hecho, con todas las objeciones que se puedan tener a aeropuertos como el de La Gomera, con un tráfico de 32.252 pasajeros en 2010 (el de El Hierro tuvo 170.975 pasajeros en el mismo año, por encima de León, Badajoz, Salamanca, Vitoria y Burgos), el número de pasajeros que viajaron a la isla colombina superó el tráfico de los aeropuertos de Ceuta (helipuerto), Torrejón, Logroño, Albacete, Algeciras (helipuerto), Córdoba, Huesca y Cuatro Vientos.
Si esos aeropuertos no cumplen la función social-territorial que acomete el de La Gomera, ni tienen rentabilidad (puede que sean muy importantes en tráfico de mercancías) ¿por qué se obliga al sistema a sufragar sus pérdidas? ¿Acaso no tienen esas ciudades acceso a redes de trenes -incluso de alta velocidad- y de transporte por guagua o camiones en autopistas que pueden llegar hasta Moscú sin tener que embarcar? Debe ser que el interés de unos pocos está por encima del interés general. Así no se construye una sociedad solidaria y eficaz. Pero claro, los intereses que se defienden en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la sensatez y el acuerdo, aunque tenga el apoyo de todos los trabajadores y la bendición de AENA y del Gobierno, no dejará de ser una espada de Damocles sobre el sistema aeroportuario del país.

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